Instalan mesa de trabajo para evitar despojos

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Colegio de Notarios, todos de la Ciudad de México, instalaron esta tarde una mesa de trabajo enfocada a evitar la comisión de delitos patrimoniales y coordinar acciones interinstitucionales para su atención.

Héctor Villegas Sandoval, titular de la CEJUR y coordinador de la mesa de trabajo, refirió que se trata de un tema sensible para las personas y para la ciudad, donde las instituciones participantes intercambiarán información sobre procesos en marcha y colaborarán con distintas medidas -cada una y de manera conjunta- para resolver el problema.

Las y los participantes coincidieron en generar certeza en el patrimonio de las personas, fortalecer medidas de seguridad, mecanismos de validación de la documentación y sentencias que brinden seguridad a la ciudadanía.

Un primer acuerdo fue concentrar las casi 500 carpetas de investigación iniciadas sobre despojo en una sola Fiscalía, la de Asuntos Especiales, adscrita a la PGJ, para perfilar la especialización de fiscales, aprovechar sus saberes y experiencia en la resolución de los casos.

Su titular, Ernestina Godoy Ramos, refirió algunas modalidades de los despojos: personas entran a inmuebles donde viven adultos mayores o mujeres solas y les cambian la chapa; invasiones de organizaciones sociales; sentencias apócrifas, o verdaderas pero con fraudes procesales.

Informó que hasta el momento, alrededor de 50 inmuebles han sido devueltos a sus propietarios.

Por el Colegio de Notarios, su presidente Marco Antonio Ruíz Aguirre informó que en 2018 y lo que va de 2019 han denunciado 15 casos de suplantación de identidad y 31 casos de documentación apócrifa.

Señaló que ya utilizan papelería con altos elementos de seguridad y protección para identificar si un documento fue emitido por alguna Notaría o es apócrifo, además de impulsar que los documentos notariales sean telemáticos.

A su vez, el Magistrado presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, expresó que el problema concreto es que a través de la comisión de un delito se pretende tener un beneficio patrimonial y anunció que en breve presentará un protocolo que articule las acciones que deriven en sentencias sobre despojos y donde el juez cuente con información de otras instituciones de la ciudad.

Asimismo, ya trabajan un módulo piloto sobre identificación de documentos, con código QR.

Además de implementar y reforzar cada uno mecanismos de seguridad documental, los participantes sesionarán regularmente y se coordinarán para conocer, atender y operar decisiones que lleven a la resolución de casos de despojo.

Se dará atención especial a grupos vulnerables, personas adultas mayores, mujeres solas, o con bajo nivel educativo que les limita defender su propiedad.